Prisión preventiva y Ley de Amnistía, ¿una contradicción?

Un amigo me consultó ante la duda: “¿no es absurdo que mientras con la Ley de Amnistía unos salen de la cárcel, con la prisión preventiva ‘para todo’ otros entren?”

A ver:

Figuras trascendentales en el sistema de justicia penal mexicano, que por sus objetivos y alcances parecieran contraponerse, son sin duda la prisión preventiva cuyo principio legal se concentra en al Artículo 19 constitucional, reformado apenas el año pasado; y por otro lado, la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020. Estas disposiciones parecieran ser en un inicio contradictorias, no obstante que ambas buscan la preservación de los Derechos Humanos, y en realidad tienen características distintas y bien definidas que les permite a ambas figuras derroteros paralelos.

 La prisión preventiva

Como mencionamos, la prisión preventiva tiene características claramente definidas en la Constitución, así como en los respectivos ordenamientos penales, la principal de ellas es que ésta se ejecuta una vez dictado el auto de vinculación a proceso, es decir, una vez que se ha acreditado la existencia de una conducta delictiva y sólo podrá ser solicitada por el Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

Adicionalmente, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delitos graves como violencia sexual contra menores, feminicidio y robo a casa habitación, sólo por citar algunos de los contenidos en el artículo constitucional ya referido.

La Ley de Amnistía

En contraparte, la Ley de Amnistía, cuyo principal objetivo presume ser el resarcir, primero, y hacer valer, después, en toda su extensión los Derechos Humanos, principalmente de aquellas personas pertenecientes a los sectores de la población más desprotegida, quienes por sus condiciones socioeconómicas, étnicas e incluso nivel educativo, sean invitadas, instigadas o incitadas a la comisión de un delito, y por ende hayan sufrido una afectación directa en su esfera jurídica, podrán recurrir a este ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la ley es clara al señalar en su Artículo 2o. que no se otorgará su beneficio a las personas indiciadas por los delitos a los que se refiere el Artículo 19 constitucional, o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal.


Figuras trascendentales
en el sistema de justicia penal mexicano,
que por sus objetivos y alcances
parecieran contraponerse


Con este comparativo entre ambas figuras jurídicas sostenemos que, lejos de presentar una contradicción, ambas corren por vías paralelas y sus objetivos y alcances no se contraponen, toda vez que mientras la prisión preventiva busca principalmente inhibir la evasión de la justicia por parte de aquellos individuos responsables de delitos considerados graves, preservando con ello los derechos de las víctimas, la Ley de Amnistía, en cambio, busca restituir los derechos de los primo delincuentes, bajo el principio jurídico de que debe prevalecer aquello que favorece al acusado.

No obstante lo anterior, hay quienes piensan —como el amigo en mención— que la reforma constitucional en materia de reclasificación de los delitos es una flagrante violación de Derechos Humanos que propicia el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles mexicanas; y por otro lado, un sector de la población considera que el sistema penal acusatorio, y en especial la Ley de Amnistía, le ha otorgado auténticas “puertas giratorias” a las Unidades Penitenciarias del país.

Usted tiene la mejor opinión.


Foto: Sitio Web del Senado de la República

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